WWF: Acuerdo de Escazú es clave para afianzar la justicia ambiental | WWF

WWF: Acuerdo de Escazú es clave para afianzar la justicia ambiental

Posted on
28 agosto 2020
El 26 de septiembre próximo vence el plazo para la firma del Acuerdo de Escazú, el cual es considerado por WWF como un avance importante en términos de participación efectiva, acceso a la información y a la justicia ambiental, temas que cruzan diversos conflictos en la región latinoamericana.
 
Sin embargo, a menos de un mes de este cierre, Chile es uno de los cinco países que aún no ha suscrito este acuerdo, grupo que completan Venezuela, Cuba, El Salvador y Honduras.
 
“Como organización reiteramos nuestro llamado al Estado de Chile a firmar este acuerdo, que ayudará a proteger a los defensores ambientales y a reconocer y fortalecer su labor, y en cuya génesis nuestro país fue un activo promotor y líder, reconociéndolo como el primer instrumento vinculante respecto a materias medioambientales en la región. Esto, además de reforzar el rol del Estado como garante y protector de los derechos de las personas y comunidades”, señaló Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile.
 
Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el país actualmente están identificados 117 conflictos socioambientales, 63 de ellos activos y 30 latentes. El 32% de ellos se ubica en territorios indígenas.
 
“Lo señalamos con fuerza en la pasada COP25 en Madrid y lo reiteramos ahora: el Acuerdo de Escazú es un acuerdo ambiental, pero también es un acuerdo por la paz, ya que instala a los Derechos Humanos en el centro de las demandas ambientales, en un momento de creciente conflictividad social donde los territorios demandan más justicia ambiental. Asimismo, es una valiosa herramienta para fortalecer la acción climática ya que está alineado con el pilar social de Transición Justa incorporado en la NDC de Chile, así como con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, precisó Jilles van Gastel, coordinadora de Gobernanza Ambiental de WWF Chile.
 
Este tratado es el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para proteger a los defensores ambientales y fue impulsado por Chile en 2012, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
 
 
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