Posted on junio, 17 2022

Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, efeméride ambiental promovida por las Naciones Unidas (ONU) con el fin de visibilizar la gran amenaza que supone para la humanidad estas condiciones.

Datos de dicha organización muestran que la duración y el número de sequías ha aumentado un 29% desde el 2000 y a la fecha existen más de 2.300 millones de personas que sufren dificultades producto de la escasez hídrica; incluso, los estudios indicarían que para el 2050 esto afectaría a tres cuartas partes de la población mundial.

Entendiendo que la sequía es la falta de lluvias durante un periodo prolongado de tiempo y la desertificación es la degradación persistente de los ecosistemas producido por variaciones climáticas, ¿cómo afectan estos fenómenos a nuestro país y qué necesitamos para enfrentarlos?

Según datos del Gobierno de Chile, el territorio nacional se ha visto afectado por “los 13 años de peor sequía de la historia”, lo que se evidencia en que en la actualidad las zonas centro norte y centro sur se encuentran con déficit de precipitaciones entre un 60% y un 80% comparado con el promedio histórico; además, la acumulación de nieve registra déficits superiores al 85%, con los principales embalses con un 34% de su capacidad.

Si bien el gobierno ha impulsado un plan para enfrentar la escasez hídrica, se promulgó el nuevo Código de Aguas luego de once años de tramitación y existe un protocolo de Racionamiento de Agua que contempla cuatro niveles de alerta, es necesario implementar también soluciones basadas en la naturaleza que contemplen acciones a largo plazo. Esto también implica la reducción de emisiones para evitar el incremento de la temperatura global, restauración de bosque nativo para reducir el cambio climático y aportar a la disponibilidad de agua, y restauración de suelos y paisajes degradados para mejorar su estabilización y disminuir el escurrimiento de agua en zonas con pendientes.

Es claro que la emergencia es inmediata, por lo que, a corto plazo, se necesita abrir una discusión respecto a la gobernanza y uso de los recursos hídricos, desarrollando un programa de trabajo con enfoque transversal y multidisciplinario, que incluya tomadores de decisión, personal científico y técnico, además de pobladores locales, para abordar la desertificación.

¿Podemos entonces cambiar el curso de la situación actual? ¡Claro que sí! Pero para eso necesitamos que todos los actores clave realicen acciones necesarias para atenderlas. Gobierno, gobernaciones regionales y municipios pueden implementar políticas públicas y protocolos que ayuden a gestionar de forma adecuada el recurso. Las empresas pueden reducir su consumo e invertir en soluciones alternativas para el desarrollo de productos; las organizaciones y entidades ambientales pueden aportar conocimiento científico y planes de soluciones basadas en la naturaleza para ver a los ecosistemas como los principales aliados en esta tarea, y la sociedad civil puede aplicar hábitos sostenibles para cuidar el agua.